Migrar es un derecho humano y por tanto ninguna persona es ilegal por el hecho de tener que buscar refugio en otro país debido a las guerras, a la emergencia climática, al hambre o a la falta de oportunidades.
Nuestro país, nuestros barrios y nuestros pueblos deberían ser lugares de acogida, dado que estamos en la ruta migratoria de la frontera sur, una de las más peligrosas de planeta. O las rutas Atlántica, que lleva a las islas Canarias, o la ruta mediterránea. Cualquiera de ellas, han provocado miles y miles de muertes.
Estados y Gobiernos de Europa blindan las fronteras y convierten en negocio la situación de penuria de estas personas invirtiendo miles de millones en ese cuerpo parapolicial llamado FRONTEX, mucho más de lo que nos costaría invertir en ayuda humanitaria.
Se impone el discurso del odio al diferente, cuando la llegada y acogida de inmigrantes es claramente beneficiosa para cualquier país, porque rejuvenece la demografía, dinamiza la economía al cubrir puestos de trabajo que normalmente los nacionales no quieren hacer, aumenta la base de contribuyentes a la seguridad social, es más, la población extrajera resulta fundamental para el crecimiento económico de un país.
Uno de los mantras de la ultraderecha de “nos quitan el trabajo y acaparan las ayudas sociales y prestaciones” es otra de las grandes mentiras que desmontan los datos. Según el INE, el 65% de los hogares extranjeros está sustentado por el trabajo por cuenta ajena, un 1% más que los nacionales, y un 14% por el trabajo autónomo. Apenas un 1,6% de las familias migrantes reciben pensiones contributivas. Y según el Ministerio de Sanidad un 74,6% de los beneficiarios de la renta mínima de inserción social son españoles y tan sólo un 25,4% son extranjeros.
Más bien al contrario, deberíamos poner el acento en cómo tratamos y aplicamos derechos y condiciones de trabajo dignas a las mujeres que cuidan a nuestros mayores o a nuestros niñxs, o a las mujeres que trabajan en servicio doméstico. O a las trabajadoras de la fresa en Huelva, o el trato, salario y condiciones en las que muchos migrantes trabajan en la construcción.
Por eso, desde CNT Colmenar Viejo, hemos pensado que un taller de extranjería es positivo para nuestro pueblo y nuestro barrio, porque fomenta la integración social y laboral, ayuda a resolver dudas sobre la normativa de extranjería, potencia la formación profesional para la inclusión de personas migrantes y acerca la interculturalidad y toda su riqueza a nuestro local.
Agradecemos mucho la colaboración de Francisco Melón Carraro, abogado especializado en extranjería, protección internacional y derechos humanos que estará el próximo viernes 3 de octubre en nuestro local de la calle Carrilejos 37 de Colmenar Viejo a las 17:30 h.
